UTESGA - AGTL
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1 - Considerando que, en virtud de lo dispuesto
en el párrafo c) del artículo 3 del Tratado, la
supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos
a la libre circulación de personas y servicios constituye
uno de los objetivos de la Comunidad; que dicha supresión
implica, para los nacionales de los Estados miembros, en particular
la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia
o ajena, en un Estado miembro que no sea aquel en que hayan adquirido
sus cualificaciones profesionales; 2 - Considerando que las disposiciones que hasta
el presente ha adoptado el Consejo, en virtud de las cuales los
Estados miembros reconocen entre sí, y con fines profesionales,
los títulos de enseñanza superior expedidos en sus
territorios, afectan a pocas profesiones; que el nivel y la duración
de la formación necesarios para acceder a dichas profesiones
se regulaban de forma análoga en todos los Estados miembros
o se les ha sometido a las armonizaciones mínimas necesarias
para crear los mencionados sistemas sectoriales de reconocimiento
mutuo de los títulos; 3 - Considerando que, para responder rápidamente a los deseos de los ciudadanos europeos en posesión de títulos de enseñanza superior acreditativos de formaciones profesionales expedidos en un Estado miembro que no sea aquel en que quieren ejercer su profesión, es también conveniente establecer otro método de reconocimiento de títulos que facilite a dichos ciudadanos el ejercicio de todas las actividades profesionales en los Estados miembros de acogida que exijan estar en posesión de una formación postsecundaria, siempre y cuando estén en posesión de títulos que los capaciten para ejercer dichas actividades, que sancionen un ciclo de estudios de al menos tres años y que hayan sido expedidos en otro Estado miembro; 4 - Considerando que este resultado puede alcanzarse mediante la implantación de un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan las formaciones profesionales de una duración mínima de tres años; 5 - Considerando que, en lo que se refiere a profesiones
para cuyo ejercicio la Comunidad no ha determinado el nivel mínimo
de cualificación necesario, los Estados miembros conservan
la facultad de fijar dicho nivel con el fin de garantizar la calidad
de las prestaciones realizadas en sus respectivos territorios;
que pese a ello no pueden, sin incumplir las disposiciones del
artículo 5 del Tratado, imponer a un nacional de un Estado
miembro la adquisición de cualificaciones que los Estados
miembros se limitan a determinar en general por referencia a los
títulos expedidos en el marco de su propio sistema nacional
de enseñanza, mientras que el interesado ya ha adquirido
la totalidad o una parte de dichas cualificaciones en otro Estado
miembro; que, por consiguiente, todo Estado miembro de acogida
en el que se regula una profesión estará obligado
a tener en cuenta las cualificaciones adquiridas en otro Estado
miembro y a considerar si aquéllas corresponden a las que
él mismo exige; 6 - Considerando que es apropiada una colaboración
entre los Estados miembros para facilitar el respeto de dichas
obligaciones; que, en consecuencia, es conveniente organizar las
modalidades de colaboración; 7 - Considerando que conviene definir en particular
la noción de actividad profesional regulada con el fin
de tener en cuenta las diferentes realidades sociológicas
nacionales; que debe considerarse como tal no sólo la actividad
profesional cuyo acceso esté sometido en un Estado miembro
a la posesión de un título, sino también
aquélla cuyo acceso sea libre, cuando se ejerza gracias
a un diploma profesional reservado a quienes reúnan determinadas
condiciones de cualificación; que las asociaciones u organizaciones
profesionales que expidan tales diplomas a sus miembros y estén
reconocidas por los poderes públicos no podrán invocar
el carácter privado para sustraerse a la aplicación
del sistema previsto por la presente Directiva; 8 - Considerando que es igualmente necesario determinar
las características de la experiencia profesional o de
los períodos de adaptación que el Estado miembro
de acogida podrá exigir al interesado, además del
título de enseñanza superior, cuando sus cualificaciones
no corresponden a las determinadas por las disposiciones nacionales;
9 - Considerando que igualmente puede establecerse
una prueba de aptitud en lugar de un período de prácticas;
que ambos tendrán como efecto la mejora de la situación
existente en materia de reconocimiento recíproco de títulos
entre los Estados miembros y, por lo tanto, facilitarán
la libre circulación de personas dentro de la Comunidad;
que su función será evaluar la aptitud del migrante,
cuando se trate de una persona ya formada profesionalmente en
otro Estado miembro, para adaptarse a su nuevo entorno profesional;
que una prueba de aptitud ofrecerá la ventaja, desde la
óptica del migrante, de reducir la duración del
período de adaptación; que, en principio, la elección
entre el período de prácticas y la prueba de aptitud
deberá depender del migrante, que, no obstante, la naturaleza
de determinadas profesiones es tal que debe permitirse a los Estados
miembros imponer, en determinadas condiciones, bien el período
de prácticas, bien la prueba; que en particular las diferencias
entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros, aunque
su importancia varíe de un Estado miembro a otro, justifican
disposiciones especiales, dado que la formación acreditada
por el título, los certificados u otras diplomas en una
rama del derecho del Estado miembro de origen, no suele abarcar
por regla general los conocimientos jurídicos exigidos
en el Estado miembro de acogida para el sector jurídico
correspondiente; 10 - Considerando que, por otra parte, el sistema
general de reconocimiento de los títulos de enseñanza
superior no tiene por objeto modificar las normas profesionales,
incluso deontológicas, aplicables a las personas que ejerzan
una actividad profesional en el territorio de un Estado miembro,
ni sustraer a los migrantes de la aplicación de estas normas;
que se limita a prever medidas adecuadas que permitan garantizar
que el migrante se atenga a las normas profesionales del Estado
miembro de acogida; 11 - Considerando que el artículo 49, el
apartado 1 del artículo 57 y el artículo 66 del
Tratado atribuyen a la Comunidad las competencias para adoptar
las disposiciones necesarias para el establecimiento y funcionamiento
de este sistema; 12 - Considerando que el sistema general de reconocimiento
de títulos de enseñanza superior no prejuzga en
absoluto de la aplicación del apartado 4 del artículo
48 ni del artículo 55 del Tratado; 13 - Considerando que este sistema, al reforzar
el derecho del ciudadano europeo a utilizar sus conocimientos
profesionales en cualquier Estado miembro, completa, a la vez
que refuerza, su derecho a adquirir dichos conocimientos donde
lo desee; HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 A los efectos de la presente Directiva, se entenderá
por: a) « Título »: cualquier título,
certificado u otro diploma o cualquier conjunto de tales títulos,
certificados u otros diplomas: b) « Estado miembro de acogida »: el
Estado miembro en el que un nacional de un Estado miembro solicite
ejercer una profesión que en dicho Estado se halle regulada,
y que no sea el Estado en el que haya obtenido su título
o en el que haya ejercido por vez primera la actividad de que
se trate; c) « profesión regulada »: la
actividad o conjunto de actividades profesionales reguladas que
constituyen esta profesión en un Estado miembro; d) « actividad profesional regulada »:
una actividad profesional cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus
modalidades de ejercicio en un Estado miembro estén sometidas
directa o indirectamente, en virtud de disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas, a la posesión de un título.
Constituye, en especial, una modalidad de ejercicio de una actividad
profesional regulada: e) « experiencia profesional »: el ejercicio
efectivo y lícito en un Estado miembro de la profesión
de que se trate; f) « período de prácticas »:
el ejercicio de una profesión regulada, bajo la responsabilidad
de un profesional cualificado, en el Estado miembro de acogida
eventualmente acompañado de una formación complementaria.
El período de prácticas será objeto de una
evaluación. La autoridad competente del Estado miembro
de acogida determinará las modalidades del período
de prácticas y de su evaluación, así como
el estatuto del migrante durante dicho período de adaptación;
g) « prueba de aptitud »: un examen
que abarque únicamente los conocimientos profesionales
del solicitante, efectuado por las autoridades competentes del
Estado miembro de acogida y mediante el que se apreciará
la aptitud del solicitante para ejercer en dicho Estado miembro
una profesión regulada. Artículo 2 La presente Directiva se aplicará a todos
los nacionales de un Estado miembro que se propongan ejercer,
por cuenta propia o ajena, una profesión regulada en un
Estado miembro de acogida. Artículo 3 Cuando, en el Estado miembro de acogida, el acceso
o el ejercicio de una profesión regulada estén supeditados
a la posesión de un título, la autoridad competente
no podrá denegar a un nacional de otro Estado miembro el
acceso a dicha profesión o su ejercicio en las mismas condiciones
que a sus nacionales, alegando insuficiencia de cualificación:
a) si el solicitante está en posesión
del título prescrito por otro Estado miembro para acceder
a dicha profesión o ejercerla en su territorio, y lo ha
obtenido en un Estado miembro, o b) si el solicitante ha ejercido a tiempo completo
dicha profesión durante dos años en el curso de
los diez años anteriores en otro Estado miembro que no
regule esta profesión, según lo dispuesto en la
letra c) del artículo 1 y en el párrafo primero
de la letra d) del mismo artículo, estando en posesión
de uno o varios títulos de formación: Artículo 4 1. El artículo 3 no es óbice para
que el Estado miembro de acogida exija igualmente al solicitante:
a) que acredite una experiencia profesional determinada,
cuando la duración de la formación en que se basa
su solicitud, como se establece en las letras a) y b) del artículo
3, sea inferior al menos en un año a la exigida en el Estado
miembro de acogida. En ese caso, la duración de la experiencia
profesional exigida: b) que efectúe un período de prácticas,
durante tres años como máximo, o que se someta a
una prueba de aptitud: Artículo 5 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
3 y 4, cualquier Estado miembro de acogida podrá permitir
que el solicitante, con el fin de mejorar sus posibilidades de
adaptación al medio profesional en dicho Estado, curse,
a título de equivalencia en tal Estado, la parte de formación
profesional correspondiente a una práctica profesional,
realizada con la asistencia de un profesional cualificado, que
no haya cursado en el Estado miembro de origen o de procedencia.
Artículo 6 1. La autoridad competente del Estado miembro de
acogida que subordine el acceso a una profesión regulada
a la presentación de pruebas relativas a la honorabilidad,
la moralidad o la ausencia de quiebra; o que suspenda o prohíba
el ejercicio de dicha profesión en caso de falta profesional
grave o de infracción penal, aceptará como prueba
suficiente para aquellos nacionales de los Estados miembros que
deseen ejercer dicha profesión en su territorio la presentación
de documentos expedidos por autoridades competentes del Estado
miembro de origen o de procedencia que demuestren el cumplimiento
de tales requisitos. 2. Cuando la autoridad competente del Estado miembro
de acogida supedite el ejercicio o el acceso a una profesión
regulada de los nacionales de dicho Estado miembro a la presentación
de un documento relativo a la salud física y psíquica,
dicha autoridad aceptará como prueba satisfactoria a este
respecto la presentación del documento que se exija en
el Estado miembro de origen o de procedencia. 3. La autoridad competente del Estado miembro de
acogida podrá exigir que no hayan transcurrido más
de tres meses desde la fecha de expedición de los documentos
o certificados contemplados en los apartados 1 y 2, en el momento
de su presentación. 4. Cuando la autoridad competente del Estado miembro
de acogida supedite el acceso de los nacionales de dicho Estado
miembro a una profesión regulada o su ejercicio a que éstos
efectúen una declaración jurada o una declaración
solemne, y, en el caso de que la fórmula de dicha declaración
jurada o solemne no pueda ser utilizada por los nacionales de
los demás Estados miembros, procurará que los interesados
tengan a su disposición una fórmula apropiada y
equivalente. Artículo 7 1. La autoridad competente del Estado miembro de
acogida reconocerá a los nacionales de los Estados miembros
que reúnan las condiciones de acceso y de ejercicio de
una actividad profesional regulada en su territorio, el derecho
a ostentar el título profesional del Estado miembro de
acogida que corresponda a dicha profesión. 2. La autoridad competente del Estado miembro de
acogida reconocerá a los nacionales de los Estados miembros
que reúnan las condiciones de acceso y de ejercicio de
una actividad profesional regulada en su territorio, el derecho
a utilizar su título de formación lícito
del Estado miembro de origen o de procedencia y, en su caso, su
abreviatura en la lengua de dicho Estado. El Estado miembro de
acogida podrá exigir que dicho título vaya acompañado
del nombre y del lugar del centro o del tribunal que lo haya expedido.
3. Cuando una profesión esté regulada
en el Estado miembro de acogida a través de una asociación
y organización del tipo que se menciona en la letra d)
del artículo 1, los nacionales de los Estados miembros
no estarán autorizados a utilizar el título profesional
expedido por dicha organización o asociación, ni
la abreviatura del mismo, a menos que acrediten su pertenencia
a la misma. Artículo 8 1. El Estado miembro de acogida aceptará
como prueba del cumplimiento de las condiciones enunciadas en
los artículos 3 y 4, los certificados y documentos expedidos
por las autoridades competentes de los Estados miembros, que el
interesado deberá presentar en apoyo de su solicitud de
ejercicio de la profesión de que se trate. 2. El procedimiento de examen de una solicitud de
ejercicio de una profesión regulada se deberá terminar
en el plazo más breve posible y deberá ser objeto
de una decisión motivada de la autoridad competente del
Estado miembro de acogida, a más tardar, en el plazo de
cuatro meses a partir de la presentación de la documentación
completa del interesado. Esta decisión, o la ausencia de
decisión, podrá dar lugar a un recurso jurisdiccional
de derecho interno. Artículo 9 1. Los Estados miembros designarán, dentro
del plazo establecido en el artículo 12, a las autoridades
competentes habilitadas para recibir las solicitudes y adoptar
las decisiones objeto de la presente Directiva. Informarán
de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión.
2. Cada Estado miembro designará un coordinador
de las actividades que desarrollen las autoridades mencionadas
en el apartado 1 e informarán de ello a los demás
Estados miembros y a la Comisión. Su función será
fomentar la aplicación uniforme de la presente Directiva
a todas las profesiones afectadas. En la Comisión se creará
un Grupo de coordinación compuesto por los coordinadores
nombrados por cada uno de los Estados miembros, o por sus suplentes,
y presidido por un representante de la Comisión. 3. Los Estados miembros tomarán las medidas
oportunas para facilitar las informaciones necesarias relativas
al reconocimiento de títulos en el marco de la presente
Directiva. En esta tarea podrán estar asistidos por el
centro de información sobre el reconocimiento académico
de los títulos y de los períodos de estudio, creado
por los Estados miembros en el marco de la Resolución del
Consejo y de los Ministros de Educación, reunidos en el
seno del Consejo el día 9 de febrero de 1976 (1), y, si
fuere necesario, por las asociaciones u organizaciones profesionales
correspondientes. La Comisión tomará las iniciativas
necesarias para garantizar el desarrollo y la coordinación
del proceso de recogida de las informaciones necesarias. Artículo 10 1. Si un Estado miembro se propusiere, en virtud
de lo dispuesto en la tercera frase del párrafo segundo
de la letra b) del apartado 1 del artículo 4, no conceder
al solicitante la facultad de optar entre el período de
prácticas y la prueba de aptitud para una profesión
en el sentido de la presente Directiva, remitirá inmediatamente
a la Comisión el proyecto de la correspondiente disposición.
Al mismo tiempo, informará a la Comisión acerca
de los motivos por los que es necesario establecer semejante disposición.
2. Sin perjuicio de la posibilidad de que disponen
la Comisión y los demás Estados miembros de presentar
observaciones relativas al proyecto, el Estado miembro sólo
podrá adoptar la disposición si la Comisión
no hubiere manifestado su oposición mediante decisión
en un plazo de tres meses. 3. A solicitud de un Estado miembro o de la Comisión,
los Estados miembros les comunicarán inmediatamente el
texto definitivo de las disposiciones que sean resultado de la
aplicación del presente artículo. Artículo 11 A partir de la fecha de expiración del plazo
previsto en el artículo 12, los Estados miembros remitirán
a la Comisión, cada dos años, un informe sobre la
aplicación del sistema implantado. Artículo 12 Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva en un plazo de dos años a contar desde su notificación
(2). Artículo 13 A más tardar cinco años después
de la fecha fijada en el artículo 12, la Comisión
dirigirá un informe al Parlamento europeo y al Consejo
sobre el estado de aplicación del sistema general de reconocimiento
de los títulos de enseñanza superior que sancionen
formaciones profesionales de una duración mínima
de tres años. Artículo 14 Los destinatarios de la presente Directiva son los
Estados miembros. |
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Pontevedra (España). Telf. (986) 86 49
71 • Fax (986) 86 28 66 |
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